El Gobierno refuerza los criterios socioeconómicos y medioambientales para el despliegue de las renovables

El Gobierno refuerza los criterios socioeconómicos y medioambientales para el despliegue de las renovables

El Consejo de Ministros ha aprobado, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), nuevas medidas para incrementar los beneficios económicos y sociales del despliegue de plantas renovables y de almacenamiento en los territorios donde se ubiquen, y para prevenir y reducir sus eventuales impactos ambientales: los concursos que se celebren para conceder el acceso a la red eléctrica, además de los criterios ya contenidos en la actual normativa, podrán ponderar elementos como la generación de empleo o la reinversión de los beneficios en las zonas de los futuros proyectos, así como la sensibilidad ambiental del emplazamiento.

1 de julio, fin de la moratoria La medida coincide con la publicación, el próximo 1 de julio, de la capacidad de acceso disponible en los nudos de las redes de distribución y la reanudación del otorgamiento de los permisos para nuevas instalaciones renovables, suspendido desde junio de 2020 mientras el MITECO y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diseñaban la nueva normativa de acceso y conexión a la red, recientemente culminada.

El Real Decreto 1183/2020, de acceso y conexión a las redes eléctricas, contempla la celebración de estos concursos aplicando criterios temporales que prioricen los proyectos más maduros, criterios relativos a la tecnología de generación y su integración en el sistema eléctrico, y criterios de innovación en el caso de centrales menores de 30 MW.

Los nuevos permisos de acceso a las redes se otorgarán mediante un proceso de concurrencia competitiva en todos aquellos nudos de la red de transporte de la Península en que aflore una capacidad superior a los 100 MW y de 50 MW en el territorio no peninsular, cuando se cumplan ciertos requisitos relativos a la demanda de solicitudes previas y así se decida por resolución de la Secretaría de Estado de Energía; en el caso de que haya una potencia menor, se aplicará la prelación temporal de las solicitudes.

Con la nueva regulación, estos tres criterios podrán complementarse con otros sociales y económicos ligados al ámbito local, como la generación de empleo, el impacto en la cadena de valor industrial o la participación de inversores, empresas y administraciones; además, se valorará la existencia de mecanismos para reinvertir los beneficios en la zona donde se ubiquen las instalaciones.

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