La Fundación Renovables ha publicado sus nuevas propuestas a la consulta pública previa del Ministerio para la Transición Ecológica relativa a la modificación del Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). El documento analiza la problemática actual de los precios desde la estructura de la tarifa, con el principal objetivo de que el precio de la electricidad responda al “pago por uso”, siendo transparente con los costes que la originan. La tarifa que presenta está configurada de manera monómica y progresiva, definida en función de la energía eléctrica consumida y estableciendo una pequeña partida fija menor a la actual.

La Fundación no considera que la consulta pública deba estar centrada solo en intentar paliar el mal funcionamiento del sistema de fijación de precios del mercado mayorista, al incluir elementos que amortigüen la volatilidad de su funcionamiento. Esto se debe a que históricamente se ha demostrado que la tarifa regulada ha sido más barata y estable que toda la oferta del mercado liberalizado, más allá de la campaña mediática actual en contra del PVPC. Conjuntamente, debemos replantearnos si el papel de las grandes eléctricas, propietarias de la red de distribución es el adecuado como comercializadoras de referencia, por su posición de dominio e integración vertical en toda la cadena de valor.

El diseño de la tarifa propuesto debe avanzar hacia su consideración monómica para que los costes fijos se transformen en variables, cobrando por la energía gestionada y no por la retribución a las inversiones realizadas hace años. Esto permitiría que el coste transferido al consumidor sea más transparente y reducido, habilitando una señal precio que refleje los costes reales. Además, posibilitaría evitar las distorsiones actuales que generan que el precio sea marginalmente decreciente con el consumo de electricidad, reducir la eficacia de la eficiencia y la opacidad por el establecimiento de retribución como costes fijos.

Por otro lado, la tarifa debería ser progresiva, ya que el traslado de los costes necesita reflejar que consumir por encima de estándares preestablecidos tiene consecuencias económicas. Para el segmento doméstico, la propuesta de la Fundación establecen los siguientes tramos: consumo mínimo vital, con una potencia mínima de 2,3 kW, un consumo de los primeros 1.500 kWh gratuitos, estableciendo parámetros según la composición familiar y un IVA al 4%, tramo que se convierte en gratuito al crear una nueva tarifa social para los colectivos más vulnerables y en riesgo de exclusión. Consumo normalizado, con la señal precio a cobrar según el propio sistema con reglas de transparencia. Consumo penalizado para valores por encima del nivel anterior, estableciéndose un coeficiente de mayoración, fijo o progresivo, del precio de la electricidad consumida en este tramo.

Conjuntamente, es necesario avanzar en la implementación de un modelo de gestión y actuación horario, de modo que el consumidor comience a identificar y actuar en función del precio de su consumo por horas. Esta señal debe ser paulatina y exigente para que las comercializadoras empiecen a incorporar las necesarias funcionalidades para la gestión horaria del consumo y de la oferta de energía. La apuesta por la digitalización, en plena expansión, debe ir adaptándose a un nuevo modelo de oferta y demanda entre los consumidores y los productores. Además, abogamos por el desarrollo de nuevos modelos de relación, bajo el amparo de las Directivas europeas: comunidades energéticas, agregadores y gestores de demanda y plataformas online para intercambio de energía entre autoconsumidores y avanzar en la figura del consumidor único.

La Fundación defiende que el precio de la electricidad debe perder el afán recaudatorio que tiene actualmente y siempre ha tenido. Por ejemplo, si comparamos los impuestos que soportaron los consumidores eléctricos en 2019, fueron un 50% más que el coste de la electricidad en el mercado mayorista. En este sentido, proponemos rebajar de forma permanente el IVA al 10%, un tipo superreducido para el tramo de tarifa social y aplicar el impuesto de generación del 7% a las energías que son contaminantes.

Por supuesto, se plantea que el origen de toda la energía eléctrica que se suministre desde la tarifa regulada sea obligatoriamente 100% de origen renovable. Con ello se favorecería tanto la transición energética como que los consumidores que no hayan optado por pasar al mercado tengan la confirmación de este distintivo de sostenibilidad.