Tras varios días encandenados de récord en el precio de la electricidad en el mercado -cuyo máximo se alcanza hoy martes con más de 130 euros/MWh- la vministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, ha anunciado que se prorrogará la suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta fin de año con el objetivo de contener los precios, al tiempo que se trabaja en la aplicación de medidas para reducir la volatilidad de la tarifa regulada y el volumen de energía que se negocia en el mercado mayorista de la electricidad. El Gobierno intenta de este modo contener en la medida de lo posible una escalada de precios sin precedentes. El precio marcado para este 31 de agosto es un 210,7% más alto respecto al mismo día del año pasado, es decir, más que triplica el precio que se pagaba hace tan solo 12 meses, según datos de OMIE. Ayer lunes, el precio se situaba en 124,45 euros/MWh, otro máximo histórico que apenas ha tardado 24 horas en sobrepasarse.

En su comparencia ayer el Congreso, Ribera apoyó la formación de una Comisión específica para estudiar las causas de la escalada de precios de la electricidad e insistió en la vocación del Gobierno en diseñar un sistema eléctrico basado en las renovables a partir de una transición energética justa: “Trabajamos en medidas estructurales, junto con medidas coyunturales y con seguimiento particular del impacto social que puede tener los momentos más convulsos de esta transición es clave. Por eso debemos seguir ahondando, sin perder de vista el impacto redistributivo que los costes tienen para convertir esta transformación llena de grandes beneficios a medio plazo en algo llevadero para el conjunto de los ciudadanos, algo socialmente justo, no solamente pensando en las señales a los inversores, pensando sobre todo en los ciudadanos”.

En este sentido Ribera anunció la ampliación de la protección social mediante la aprobación del suministro mínimo vital. Incluida en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, su entrada en vigor aportará una protección adicional a los consumidores vulnerables, al impedir que se les corte el suministro eléctrico de un modo temporal –cuatro meses adicionales a los cuatro meses ya contemplados en la normativa vigente en caso de impago– y de acuerdo con los servicios sociales.

Menor volatilidad del mercado La vicepresidenta también anunció que se trabaja ya en varias medidas de carácter estructural para frenar la escala de precios. Estas medidas en ningún caso serán contrarias a la normativa europea. “Vamos a entablar la batalla con nuestros colegas europeos, pero este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario, porque es lo peor que se puede hacer: no hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido económico de este país que adoptar medias frontalmente contrarias al marco comunitario; acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país, acaba convirtiéndose en multas”.

Integrar indicadores estables en el PVPC Así, la vicepresidenta comentó que una de las líneas de trabajo para limitar la variabilidad de la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), medida reclamada por las asociaciones de consumidores, pasa por “integrar en parte una cesta de indicadores más estables que permitan mantenernos en horquillas de precios”. Acto seguido ha advertido que “esta mayor seguridad supone que se interiorice parte de la prima de riesgo de reducción de la volatilidad y por tanto hay que ser cautos con respecto a cuáles son los indicadores a los que se indexa y en qué momento se produce esta indexación”. Otra de las líneas consiste en reducir el volumen de la energía que participa en el mercado mayorista, de modo que éste “se convierta en un mercado de ajustes, pero contemos con otros sistemas de determinación del precio que cumplan las reglas del derecho europeo, pero que beneficien directamente a los consumidores”.

Con relación a la producción hidroeléctrica y el aprovechamiento de los embalses, a la vista de la alarma social generada durante este mes de agosto por la “escandalosa reducción de los volúmenes de agua embalsada”, y por el hecho de que la hidroeléctrica ha marcado el precio del mercado eléctrico más de la mitad de las horas este verano, Ribera señaló que el Gobierno tomará “las decisiones pertinentes”, afirmando que ya está trabajando en la aplicación del artículo 55 de la Ley de aguas.

El objetivo de esta actuación regulatoria es ordenar el uso del agua embalsada “no solamente como un recurso de contenido económico que pueda ser turbinado, sino como un recurso ambiental de primer orden y con una incidencia social de primer orden”.